MANUEL ÁNGEL MARTÍN
HACE días el arzobispo de Canterbury desató una alborotada polémica al declarar que parecía inevitable la introducción de algunos aspectos de la ley islámica («sharía») en el Reino Unido. El galés Rowen Williams es un liberal radical de 58 años que fue elegido en 2002 líder de los 80 millones de anglicanos. Williams respalda el sacerdocio de las mujeres, ataca a la sociedad de consumo, defiende a los clérigos homosexuales, y ahora estima que los musulmanes no deberían ser puestos en el dilema de elegir entre la lealtad al Estado y la lealtad a su cultura.
Al arzobispo le ha replicado el Gobierno inglés a través del portavoz David Blunkett, anterior ministro de Interior, recordando que la ley británica está basada en los valores británicos y que si las personas tienen otras «afiliaciones» -término usado por el clérigo que casó a Carlos y Camila- deben estar subordinadas a la condición de ciudadano británico. En el Reino Unido hay casi 2 millones de musulmanes -14 millones en la Unión Europea- que acatan y practican la «sharía», sistema legal islámico que regula casi todos los aspectos de la vida social y personal, desde la dieta a las juicios penales, pasando por el matrimonio, la herencia, la educación de los hijos, el trabajo o la práctica de las actividades financieras. La conciliación de dos sistemas legales -uno para todos los ciudadanos y otro para los musulmanes que además son ciudadanos- es un objetivo imposible. Alguna marcha atrás ha echado el de Canterbury, y ya se habla de delegación de funciones o de sistemas de arbitraje propio para algunos colectivos, pero mucho me temo que el problema no es que se haya cerrado en falso, sino que se ha dejado como estaba.
Así que todo indica que ese contrato de integración a firmar por los inmigrantes propuesto por Rajoy, si peca de algo es de anticipación y defectuosa comunicación. Los socialistas piensan que los conflictos derivados del choque religioso y cultural son inventados, y ridiculizan la propuesta de los populares porque ni la poligamia, ni la lapidación, ni la ablación del clítoris son frecuentes ni actuales en nuestro país, pero no estaría de más que espabiláramos y pusiéramos nuestras barbas a remojar. Más pronto que tarde se pedirá, por ejemplo, el reconocimiento legal del matrimonio tal como lo regula la «sharía» musulmana con la consecuente reforma del derecho de familia. En todos los sondeos, los españoles decimos que la inmigración es un problema importante para nuestra sociedad, aunque personalmente lo veamos lejano. Dicen algunos que no es una «demanda» actual de los ciudadanos, pero menos lo era la reforma de los Estatutos de autonomía. Todo gobernante debería velar por el largo plazo. No basta con decir que no existe peligro porque ahí están de centinelas el ordenamiento jurídico y la Constitución, en los que por cierto han cabido más cosas de las que se hubiera pensado. Con la ayuda de lo actuado por los gobiernos de otros países se entiende bastante bien lo que pretende el Partido Popular, pero no queda claro qué política propone el PSOE al respecto, más allá de la desgastada pretensión de que aquí no pasa nada.
Y si esto es así con la inmigración, también lo es con el modelo de Estado, la financiación autonómica, el aborto, la seguridad, las drogas, la política económica, la reforma de la administración o el mal funcionamiento de los servicios públicos. Todos estos asuntos se hurtan al debate electoral y quedan enterrados por un aluvión de declaraciones genéricas y de promesas de gasto en las formas más pintorescas. Los cheque-regalo para bebés, contribuyentes, arrendatarios y ciudadanos privilegiados se combinan con la creación milagrosa a golpe de dinero público de puestos de trabajo para mujeres, jóvenes y público en general. Hay dinero. En 2008 la recaudación fiscal va a seguir siendo satisfactoria, el superávit público será razonable, y el endeudamiento continuará en niveles significativamente bajos. En 2009, ya veremos. Pero hoy, el Estado es rico, y cómo un nuevo rico se comporta. Gastar es bueno, se gaste como se gaste. Nada de meterse en problemas estructurales, en visiones de futuro, en charcos ideológicos. Todo se reduce a una lluvia de subvenciones, a un enloquecido festival del gasto.
